El segundo era un organismo técnico encargado de hacer estudios científicos de higiene pública y privada, especialmente análisis químicos y bacteriológicos de las aguas potables de las principales ciudades del país32. De este modo, las primeras medidas de intervención estatal en la problemática sanitaria estuvieron relacionadas con el enfrentamiento de la epidemia de cólera que afectaba al país. Para este efecto, el gobierno decretó a fines de 1886 la formación de una comisión presidida por el ministro del Interior, que fue denominada Comisión de Higiene Pública para estudiar y recomendar medidas para enfrentar la epidemia. ¿Cuál es el nuevo mecanismo para obtener el Certificado de Factibilidad técnica para instalar los servicios de agua potable y alcantarillado en una población? El Certificado de Factibilidad es un documento que acredita que un terreno puede conectarse al agua potable y/o al alcantarillado y que se exige para postular a los subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Para obtenerlo, el urbanizador, que puede ser un comité de vivienda social, por ejemplo, debe solicitarlo a la empresa sanitaria respectiva.
Sin embargo, las acequias eran también depósitos de todo tipo de basuras, que producían tacos y el desborde de sus aguas fecales, con la consiguiente contaminación del entorno26. Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura. Las emanaciones que con este motivo se mantienen diariamente en la ciudad son, como se comprende, otros grandes focos de infección”27.
104Asimismo, debemos destacar que durante este periodo también proliferaron pequeños servicios de agua potable privados. Se estima que en 1958, del total de la población que disfrutaba agua potable en sus hogares, un 18% era abastecida por servicios particulares, y el 82% restante por fiscales. 79Decreto con Fuerza de Ley 235, de 1931, Aprueba la organización de los servicios de agua potable y alcantarillado. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario. Sin embargo, el comienzo del fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos.
Los rebases de aguas servidas a través de cámaras públicas y domiciliarias pueden ocasionarse a causa del obstrucción de los colectores por la introducción de elementos extraños a su interior, producto de una mala utilización de los artefactos sanitarios u otras razones. También pueden ser causa las aguas lluvias en gran volumen que se introducen en los colectores, provocando una sobrepresión que busca salida por los puntos sin tapa hermética. Dentro del proyecto, se contemplaron trabajos de extensión y conexión de la red de agua potable y alcantarillado en una longitud de 138 metros lineales, además de la instalación de 17 arranques para las familias beneficiadas. 125En el Discurso Presidencial de 1983, por ejemplo, Pinochet se vanagloriaba de estar “a la vanguardia en América Latina en esta materia”. Asimismo, en el Discurso Presidencial de 1988 sostuvo que “la cobertura de agua potable en población urbana, que en 1970 solo alcanzaba a un 66 servicio de alcantarillado sanitario,5%, llega hoy a un 97% de los hogares chilenos”.
A pesar de lo anterior, surgieron algunas concesiones privadas en balnearios costeros como Zapallar, Santo Domingo y Papudo o en pueblos pequeños como Yumbel, Chañaral, Pica, El Arrayan, y Las Cenizas, o para abastecer algunos sectores de ciudades no atendidos por las empresas fiscales, como el sector de Colón en Santiago, una parte de la ciudad de Iquique82 y otra de Taltal. En otros casos, empresas privadas realizaban aportes para complementar las obras financiadas por el fisco, como fue el caso en Tomé de la empresa local Fábrica de Paños de Tomé84. Respecto del resto de las ciudades del país, entre 1906 y 1914, el Estado había avanzado significativamente en sus inversiones. Se habían instalado en 54 ciudades servicios de agua potable55, mayoritariamente en urbes con más de diez mil habitantes, pero también de entre 2 y cinco mil habitantes.
Ya tenías una cuenta en la oficina digital anterior y para ingresar a nuestra nueva oficina virtual con redes sociales, primero debes restablecer tu contraseña. Por su parte, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, afirmó que “para nosotros siempre ha sido importante avanzar con las necesidades básicas de los vecinos, hoy inauguramos el alcantarillado de la Villa Monumental. Agradecemos a la Subdere por el aporte que nos hizo en la presentación que hicimos del proyecto, y agradecemos también, a los dirigentes y vecinos que iban en forma permanente a la municipalidad”. Por último, pueden existir fugas internas no visibles dentro de la propiedad que son bastante difícil de identificar e influyen directamente en el valor de la boleta, como también si uno posee dudas sobre el correcto funcionamiento del aparato de medición, puede solicitar una inspección del medidor a la empresa sanitaria. Además, es importante recalcar que, si estando en proceso de reparación llegara a dañarse parte del inmueble, la empresa debe responder por todos los daños realizados al ejecutar la reparación. Ley 5.613, de 1935, que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros.
Esto implica realizar inspecciones regulares, limpiar las tuberías, mantener los dispositivos de plomería en buen estado y estar atento a cualquier señal de problemas o mal funcionamiento. Una vez que las tuberías están correctamente colocadas, es el momento de realizar las conexiones y las pruebas del sistema. Esto implica conectar las tuberías a las fuentes de agua potable, los dispositivos de plomería y el sistema de alcantarillado público o séptico.
Las tasas de crecimiento de cobertura urbana de agua potable y alcantarillado fueron las más altas del siglo126. Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits. Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94. De hecho, entre 1931 y 1943 se habían invertido con cargo a dicha ley la suma de 181,2 millones de pesos95.
Si se obstruye la instalación domiciliaria de alcantarillado, la cual comprende desde los artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, la solución será de responsabilidad del cliente, por lo cual deberá contratar con la empresa sanitaria o con un specific dicha solución, red de alcantarillado publico con el consiguiente costo a su cargo. “Se estableció el agua potable y alcantarillado a 17 casas que están en el sector urbano, que no contaban con estos servicios. Con esto, cumplimos el mandato del Presidente Boric, de poner los recursos donde más se necesitan y entregar justicia territorial.
Respecto del alcantarillado, en 1903 se aprobó el proyecto definitivo de alcantarillado de Santiago, bajo un sistema mixto, donde se separaba, aunque sea de forma parcial, la red de aguas servidas de alcantarillado, de las aguas lluvias y las aguas del sistema de lavado de calles. En 1905 una empresa contratista comenzó las obras51, las que se prolongaron por una década (con una primera entrega en 1910)52, pues hacia 1915 se estimaba que la ciudad tenía una superficie de three.500 hectáreas y la nueva red cubría 2.550 de ese total53. En Valparaíso, puerto con 162 mil habitantes en 1907, se construyó entre 1895 y 1900 el embalse de Peñuelas para suministrar agua potable a las partes altas de la ciudad y, entre 1911 y 1912, un sistema para la captación de agua del río Aconcagua, con una planta de filtro y otra elevadora, con su correspondiente acueducto de conexión con las redes de distribución. Respecto del alcantarillado, la ciudad puerto había comenzado la construcción de una red de desagües de aguas servidas en 1884. Sin embargo, el terremoto de 1906 destruyó la red y fue necesario comenzar su reconstrucción en los años siguientes, tarea que se encomendó a la Compañía de Desagües de Valparaíso54. A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico.
Las primeras acciones respecto de los servicios de alcantarillado se relacionan con la ley 342 de 1896, que autorizó a las municipalidades de ciudades y villas con más de 5.000 habitantes a establecer como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o cañerías. Para este efecto, los municipios levantarían redes de alcantarillado a las que los vecinos se conectarían obligatoriamente, debiendo pagar por el servicio una cuota que fijaría el municipio33. La columna vertebral es la ley common de servicios sanitarios (1988) que estableció el régimen de concesión y de explotación de los servicios sanitarios; que reglamentó las relaciones entre las empresas concesionarias, el Estado y los usuarios; y que estructuró la fiscalización del sector por parte de una Superintendencia de Servicios Sanitarios. Para ir en ayuda de los grupos familiares o clientes residenciales de escasos recursos se estableció por ley un subsidio directo al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. También se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como un organismo eminentemente técnico, normativo y fiscalizador del sistema sanitaria público y privado138.