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La imposición de la avenida transversal a la trama local ocultaría el barrio tras las nuevas fachadas y la nueva escala que esta propone. Pero esta misma amenaza al entorno físico ha develado un capital social a partir de la creación de redes de asociación que confirma las capacidades que poseen los barrios consolidados y con identidad de organizar a la comunidad. Salvemos Cabanyal se ha posicionado como una plataforma de gestión de barrio, donde se genera y difunde información que oriente a un desarrollo sostenido y armónico dentro de su estructura urbana.
Como sostiene Olstrom, los «dilemas sociales» tienen lugar cuando un individuo, en situaciones de interacción, se enfrenta a elecciones en las cuales la maximización del auto-interés en el corto plazo produciría resultados que dejarían a todos los participantes en una situación peor a cualquier otra alternativa83. Pero además existiría una seria dificultad operativa en la aplicación judicial plomeria ortiz del principio de «optimalidad» paretiana. Si efectivamente Pareto buscaba la manera de sortear el problema de la comparación interpersonal de las utilidades –mediante el cálculo de magnitudes ordinales, no cardinales– no es del todo claro, sin embargo, cómo funciona operativamente la fórmula, es decir, cómo se puede determinar quién está «mejor» o «peor» en diferentes situaciones.
La riqueza, así entendida, se mide a partir de lo que un individuo estaría dispuesto a pagar por algo o, si ya lo posee, por lo que estaría dispuesto a recibir para desprenderse de ello. Sin embargo, a la base de todas estas dificultades expresadas en el lenguaje y en el ámbito de la ciencia económica reside un problema basic de la teoría de la adjudicación que ha sido identificado y solucionado, en parte, por Ronald Dworkin. Se trata, sin más, del problema de querer dar una solución a los «casos difíciles» aplicando «directrices» (policies) económicas en lugar de «principios» jurídicos. Como intentaré señalar brevemente en esta sección, esa distinción guarda relación con la pertinente distinción entre la racionalidad individual con la que se manejaría un agente económico (el juez) y los estándares de la elección colectiva con la que deberían manejarse los cuerpos colegiados (legislaturas) que representan la voluntad well-liked. Es possible que lo expuesto hasta aquí revele las insuficiencias teóricas de la maximización de la riqueza como pauta para la asignación de derechos en un ámbito de problemas y en un lenguaje más bien propios de la ciencia económica en el que los juristas y profesionales del Derecho no parecen moverse con natural soltura. En efecto, la imposibilidad de comparar utilidades y de operar con magnitudes ordinales, la inapropiada sustitución del concepto de superioridad paretiana por el de optimalidad paretiana en la resolución de disputas individuales, la imposibilidad de la valoración interpersonal del dinero, y la «irrealidad» de los corolarios del teorema de Coase, no parecen constituir problemas en los que una teoría plausible de la adjudicación jurídica tenga, en principio, interés alguno.
Se han llevado a cabo investigaciones, incluso, que han aportado las evidencias empíricas necesarias para discutir si el AED se encuentra aún vigente o bien ha entrado en una fase de declinación intelectual. Algunas de esas evidencias empíricas han sido recogidas, por ejemplo, en un trabajo que presenta al AED como un fenómeno intelectual típicamente norteamericano que tendría ciertas dificultades para echar raíces fuera de la jurisprudencia de aquel país, ya que incluso no habría logrado arraigarse efectivamente en ella a pesar de las características propias del Common Law que deberían haber favorecido su desarrollo como ningún otro sistema jurídico12. El autor de ese estudio pretende haber mostrado –con evidencias en la mano– que el campo del AED se limitaría a una minoría de académicos pertenecientes a un reducido número de escuelas de Derecho norteamericanas, bastante prestigiosas por cierto. Sin embargo el análisis y la ponderación de estas evidencias no constituyen el objeto central de mi trabajo, pues aquí solo pretendo analizar las dificultades que esta nueva jurisprudencia enfrenta al momento de ser aplicada por los jueces.
«El punto central, sin embargo, es que en la visión de los economistas, la ventaja comparativa de las cortes reside en promover la eficiencia, mientras que la ventaja comparativa de las legislaturas reside en hacer justicia, lo que equivale a distribuir la riqueza para promover una mal definida concepción de equidad. Esto parece constituir una reversión sin par de los roles institucionales»49. Existe un grupo de trabajo Escoltem el Cabanyal, compuesto por un equipo interdisciplinario de arquitectos, sociólogos, historiadores, economistas, abogados, entre otros, que compendian el materials generado desde la participación ciudadana para poder proyectar lineamientos de acción coherentes con las necesidades de la comunidad. También emergen iniciativas locales como Canyabal Protes Obertes, donde se abren las puertas de casas con cientos de pinturas de ilustradores valencianos que intentan retratar historias de la vida en el Cabanyal.
Y parte de esa ayuda vino de un sorpresivo anuncio junto a Nintendo, con quien lanzará antes de fin de año un título exclusivo de Mario -uno de los personajes más requeridos y esperados por los jugadores-, y Pokémon Go, la más exitosa aplicación del último tiempo, para la nueva versión de su reloj inteligente Apple Watch. El juego del fontanero, llamado «Super Mario Run», plomero mas cercano está pensado para ser jugado con una sola mano, y presenta al personaje corriendo de izquierda a derecha. El reto es capturar suficientes monedas antes que termine el curso, y contará con una opción para enfrentar a otros jugadores. La búsqueda de un fontanero competente en Cerro Navia puede ser muy tediosa, especialmente cuando se trata de emergencias de plomería.
En efecto, ‘uno’ más ‘dos’ es ‘tres’, pero ‘primero’ más ‘segundo’ no es ‘tercero’, ni ‘bello’ más ‘menos bello’ es igual a ‘feo’. Los números ordinales no son aditivos pues las distancias entre estos no son conocidas y por tanto, no son necesariamente constantes37. Llamado Apple Watch Series 2, tendrá la capacidad de sumergirse hasta 50 metros, incluirá GPS propio tal como el recién estrenado Gear S3 de Samsung y estará disponible en más de 25 países a partir del 16 de septiembre.
Ahora bien, en los últimos 50 años de la Legal Theory norteamericana se ha desarrollado un intento por construir una teoría general del Derecho a partir de los postulados centrales de la economía neoclásica, particularmente a partir de los postulados en torno a la conducta racional de los individuos, a la eficiencia como pauta normativa, y a las normas como incentivos para la conducta eficiente de los individuos. Dicho intento corresponde al movimiento conocido como Law and Economics o «nuevo análisis económico del Derecho»8, surgido a inicios de 1960 a partir de una serie de estudios pioneros como los de Ronald Coase, Guido Calabresi y Armen Alchian9, que recibieron una calurosa acogida en los programas de investigación y docencia de la Universidad de Chicago (y posteriormente de otras universidades norteamericanas y centros de estudios). La historia intelectual de este movimiento, sus orígenes y fundamentos filosóficos, sus aspiraciones políticas y hasta sus supuestas vinculaciones ideológicas han sido largamente estudiados y analizados, a punto tal que existe, al presente, una bibliografía especializada de considerables proporciones por medio de la cual es posible conocer los detalles de su historia intelectual y de su evolución doctrinaria10. Pero en estricto rigor, las únicas consecuencias que los jueces podrían y deberían atender no parecen ser las consecuencias económicas sino las contempladas en lo que MacCormick llama una justificación de «segundo nivel» (por referencia al «primer nivel» de la lógica formalista deductiva). En una justificación de «segundo nivel» resulta ciertamente válido el empleo de argumentos «consecuencialistas», pero su empleo se halla limitado por los principios de universalidad, consistencia y coherencia. El principio de universalidad requiere que para justificar una decisión, x, en cualquier «caso difícil» debe encontrarse o formularse una premisa normativa general, Y, ligada a las condiciones a, b y c, tal que cada vez que se verifiquen las condiciones a, b y c cualquier juez debería decidir x.
Saldrán a la venta el sixteen de este mes en EE.UU., con precios de 649 dólares con 32 GB para el iPhone 7, y 769 dólares con 32 GB para el modelo Plus. 81Para una precisión de los supuestos egoístas de la racionalidad individual, véase Posner (2003a) p. 3. «Muchas de las pérdidas involuntarias, y en apariencia no compensadas, experimentadas en el mercado o toleradas por las instituciones que toman el lugar del mercado allí donde el mercado no puede funcionar efectivamente, están plenamente compensadas ex-ante, y por ende consentidas en el sentido antes expresado»64.
Sin embargo la conmensuración de los derechos mediante el baremo universal del dinero constituye solo en apariencia una solución al problema de los «casos difíciles». Ni el dinero ni la riqueza parecen estar realmente en el centro del debate cuando se pretende dar una solución jurídica a los «casos difíciles». Pero además recientes investigaciones realizadas en el marco de diversos experimentos señalan que ni siquiera es idéntico el valor que las personas asignan a un bien cuando efectivamente lo poseen que cuando no lo poseen (endowment effect) y menos aún cuando esa posesión es el resultado de una asignación hecha por juez en la solución de una controversia58. Por eso el juez D’Amato concluye que, «puesto que los economistas no pueden realizar comparaciones interpersonales de utilidad, tampoco pueden señalar el camino hacia una decisión correcta en ninguna disputa jurídica real»fifty nine. El consentimiento, «un criterio ético acorde a la autonomía kantiana» según Posner, es «la base operacional» del concepto paretiano de eficiencia39. En efecto, se supone que si las partes han realizado el intercambio de manera libre es porque lo han consentido, y el consentimiento contractual es a la vez una «manifestación operacional» de la autonomía defendida por Kant.