Fontanero

Esta desigualdad se debe principalmente al hecho de que el proceso liderado por el estado entre fines del siglo XIX y fines del XX estuvo restringido por la disponibilidad de recursos financieros del estado. De nuestro estudio se observa que sostenidamente se destinaron del presupuesto nacional recursos para avanzar gradualmente en la instalación de los servicios sanitarios a nivel nacional, pero no con la celeridad requerida, ni con la igualdad recomendada. Asimismo, cabe destacar que otra razón que explica la lentitud en la construcción de infraestructura sanitaria es el carácter subsidiario de los servicios de agua potable y alcantarillado. En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio universal al consumo mediante bajas tarifas. Dicha política se justificó argumentando que brindar acceso al agua potable y alcantarillado a bajo costo a la mayor población posible mejoraba la salubridad y prevenía enfermedades relacionadas con la falta de higiene a toda la población del país. De esta forma, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado realizó importantes inversiones para dotar de agua potable y alcantarillado a los principales centros urbanos del país, y/o ampliar su cobertura.

Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970. Esta población migrante se concentró en las ciudades capitales de provincias y, especialmente, en la capital del país, Santiago, que aumentó su población de 1,3 millones en 1952 a 2,7 millones en 1970, como se observa en la tabla 4. Respecto del resto de las ciudades del país, entre 1906 y 1914, el Estado había avanzado significativamente en sus inversiones. Se habían instalado en fifty four ciudades servicios de agua potable55, mayoritariamente en urbes con más de diez mil habitantes, pero también de entre 2 y cinco mil habitantes. Sin embargo, en las redes de alcantarillado se avanzaba más lentamente, pues, antes de 1913 se reportaba obras concluidas solo en Santiago y Valparaíso. En Concepción, recién en 1907 se recibieron las primeras propuestas para la construcción del alcantarillado56.

La acción de ambas instituciones fue efectiva en hacer ver al gobierno la urgencia de tomar medidas para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, planteadas como la principal acción para mejorar las malas condiciones de salubridad de los habitantes del país. Las autoridades políticas de la época parlamentaria tomaron conciencia de la problemática y procedieron a formular un conjunto de políticas públicas para una modernización de los servicios de agua potable y alcantarillado. Las primeras acciones respecto de los servicios de alcantarillado se relacionan con la ley 342 de 1896, que autorizó a las municipalidades de ciudades y villas con más de 5.000 habitantes a establecer como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o cañerías. Para este efecto, los municipios levantarían redes de alcantarillado a las que los vecinos se conectarían obligatoriamente, debiendo pagar por el servicio una cuota que fijaría el municipio33. Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4).

En total, bajo la presidencia de Frei Montalva, se instalaron más de medio millón de nuevos arranques domiciliarios, y 322 mil arranques domiciliarios de alcantarillado en el sector rural chileno105. Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits. Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, smapa alcantarillado según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94. De hecho, entre 1931 y 1943 se habían invertido con cargo a dicha ley la suma de 181,2 millones de pesos95.

A pesar de estas restricciones presupuestarias, el siguiente gráfico nos muestra las importantes inversiones de la DOS en obras sanitaria entre 1965 y 1976, las que promediaron US$68 millones anuales en dicho periodo. A partir de 1975, esta vez bajo una nueva política económica neoliberal, se llevó a cabo una profunda reorganización y racionalización del sector público, que llevaría a un cambio de los paradigmas que habían definido la trayectoria del sistema sanitario estatal. En lo medular, se produjo un aumento progresivo de las tarifas y mejores sistemas de cobranza y recaudación que disminuyeron considerablemente las perdidas operacionales, generando también un aumento de los ingresos propios. Además, se accedió a nuevos créditos internacionales del BIRF y el BID para aumentar la inversión sanitaria en la renovación y ampliación de la cobertura urbana y rural de agua potable y alcantarillado.

Por otra parte, en materia financiera, las administradoras de los servicios sanitarios estaban presentando déficits permanentes debido a las bajas tarifas. Para tratar de mejorar estos déficits se estableció que los establecimientos fiscales, municipales, educacionales y de beneficencia que tenían gratuidad en los servicios de agua potable solo tendrían un límite de consumo en la gratuidad y el exceso debía ser pagado77. Asimismo, a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, gran consumidor de agua a lo largo del país, se le quitó la gratuidad por considerarla una empresa comercial78. 106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”. A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. A partir de 1975 el sector público nacional se vio sometido a un proceso de transformación y racionalización conforme a la nueva política económica neoliberal impuesta por la dictadura de Pinochet.

“la estadística acusa en el último año un aumento en la natalidad y una disminución en la mortalidad… Estos resultados se deben indudablemente, al mejor estado sanitario que ha ido procurando al país la implantación en las principales ciudades de los servicios de agua potable y desagües. En vista de que no todos los habitantes de las ciudades y pueblos donde llegaba el servicio de agua potable procedían con la prontitud deseada por las autoridades a su conexión domiciliaria, socavando así la política sanitaria y su gran inversión, se procedió a dictar una ley que hacía obligatoria la conexión y servicio de agua potable. Efectivamente, la ley three.092 de 1916 señalaba que, en todas las poblaciones dotadas de servicio de agua potable por el Estado o las municipalidades, sería obligación de todos los propietarios instalar arranques domiciliarios para el servicio de sus respectivos inmuebles. Por último, establecía multas para quienes no pagaran el servicio y los mecanismos para su cobro por vía judicial66.

En vista de lo anterior, entre 1991 y 1995 se realizaron modificaciones para mejorar la cobertura y entrega del subsidio, flexibilizando el porcentaje factible de subsidiar de un rango de 40% a 75% a uno de 25% a 85%, y elevándose la base de subsidio de 15 a 20 metros cúbicos. Luego de estas modificaciones, en 1995 el 17,6% de los clientes urbanos estaba subsidiado, con un costo equivalente tuberia de alcantarillado sanitario al 5,2% de la facturación de las empresas sanitarias, financiamiento que aportaba directamente el Estado144. La lentitud para avanzar en los servicios de alcantarillado llevó al gobierno a dictar decretos para obligar a la población con servicio de agua potable a instalar fosas sépticas y letrinas en sus domicilios, estableciéndose ayuda estatal para las propiedades de bajo avalúo fiscal76.

Acto seguido, pero con bastante rezago, el sector rural comenzó a ser atendido en ambos frentes, generando desigualdad geográfica por largo tiempo. En cualquier caso, los 128 servicios existentes en 1949 abarcaban las principales ciudades del país, pues la política pública había privilegiado los centros urbanos con poblaciones superiores a los cinco mil habitantes89. De hecho, el censo de 1952 señalaba la existencia de sixty five ciudades con poblaciones sobre los cinco mil habitantes, la mayoría de ellas con población entre los 5 y los 50 mil habitantes, salvo Santiago (1,35 millones), Valparaíso (218 mil), Concepción (120 mil) y Viña del Mar (85 mil).

Este servicio, que involucra extraer todas las aguas servidas desde su casa y llevarlas hacia los colectores públicos, que a su vez transportan estos desechos hasta el emisario last y planta de tratamiento, tiene un costo operacional que todos los usuarios deben pagar. Cuando necesites conectar tu propiedad a nuestro servicio de agua potable y alcantarillado, y una vez que hayas obtenido tu certificado de factibilidad en la etapa 1, deberás presentar el proyecto domiciliario informativo, de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA). Establecimiento educacional deberá contar con un abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente para la bebida y necesidades básicas de higiene y aseo private y de calidad conforme a la reglamentación vigente.

En este contexto, se procedió, mediante el decreto ley 2.050 de 1977, a la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), con el fin de “reorganizar este sector de la ingeniería sanitaria, a fin de lograr un aporte eficiente y económico a los planes sociales de fomento y desarrollo del país”117. Se creaba como una institución autónoma del Estado de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio distinto del Fisco, de duración indefinida, desconcentrada territorialmente y que se relacionaría con el Gobierno a través del MOP. Para este efecto se fusionaron en el SENDOS, la DOS del MOP, la Oficina de Saneamiento Rural del Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingeniería Sanitaria del Departamento de la Vivienda de la Corporación de la Reforma Agraria118. Dentro de la población rural, el Programa estaba enfocado en abastecer de agua potable a la población rural “concentrada”, la que se definía como aquella que contaban con una población mínima de one hundred habitantes y un máximo de 1.000 y una concentración de 40 viviendas por km de la futura red de agua potable. El Programa promovió la constitución de la misma comunidad organizada como eje central de la gestión de los sistemas de agua potable, bajo un esquema participativo y social fundado en las cooperativas rurales de agua potable, que resultó bastante dinámico112.