Es una comunidad que hoy día no contaba con agua potable, con alcantarillado y estar trabajando de la mano con el Gobierno Regional para dar solución a estas cientos de familias, nos satisface profundamente. Ese es el sentido de descentralización, llegar con inversiones donde regularmente no es posible avanzar y cuando logramos el trabajo coordinado con distintas instituciones, en esta ocasión con el Gobierno Regional, solo podemos decir que estamos cumpliendo con nuestro deber”, dijo la subsecretaria de Subdere, María Paz Troncoso. Ley 5.613, de 1935, que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros. Mantener una comunicación efectiva con todas las estructuras organizacionales a nivel central y regional que tienen algún rol en el desarrollo e implementación de los proyectos financiados con la Provisión Saneamiento Sanitario y el “Programa de Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”. 95Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección general de servicios agua potable y alcantarillado de 1945, 8-9. 93Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección common de servicios agua potable…, 7.
En 1964 fue inaugurado el mismo, luego de un largo retraso, permitiendo common el volumen del agua del río Maipo, del cual se abastecía de la planta de tratamiento de agua Vizcachas, inaugurada en 1947. Junto con esta obra se emprendió en 1963 la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua, la planta de filtros Las Vizcachitas, gracias a un préstamo del BID de US$5,12 millones. Estas inversiones venían a resolver una sostenida demanda de agua potable de la ciudad, que entre 1940 y 1965 estaba triplicando su consumo102. A pesar de estas dificultades, al ultimate servicio de agua potable y alcantarillado del periodo cubierto en esa sección, en 1952 un 48% de la población chilena tenía acceso a agua potable, mientras que un 33% disfrutaba de alcantarillado, bastante más que a principios de siglo. No obstante, la desigual distribución entre provincias persistía, como puede verse en los gráficos 3 y four. Los grandes centros urbanos de Chile (Santiago, Valparaíso, Concepción, Magallanes, Tarapacá y Antofagasta) siguieron estando claramente favorecidos.
Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970. Esta población migrante se concentró en las ciudades capitales de provincias y, especialmente, en la capital del país, Santiago, que aumentó su población de 1,3 millones en 1952 a 2,7 millones en 1970, como se observa en la tabla 4. La gran epidemia de cólera que afectó con virulencia al país entre 1886 y 1888 llevó a las autoridades a darle debida importancia a la deplorable situación sanitaria de las ciudades, especialmente a sus sistemas de agua potable y alcantarillado. Por esta época los sistemas de suministro de agua potable seguían los patrones coloniales, que básicamente consistían en trasladar mediante una canalización de cal y ladrillos aguas de quebradas, vertientes, posos o ríos, para ser distribuidas a los habitantes de ciudades y pueblos mediante acueductos que se conectaban a las pilas de agua ubicadas en distintos lugares de la urbe, siendo en basic precio de plomeria de un baño aguas de mala calidad.
Dado el bajo nivel de ingresos del país, y su baja recaudación fiscal, lo anterior no period de extrañar. De todas las políticas de salud pública, quizás las relacionadas con provisión de agua potable y alcantarillado son las que requieren de mayor inversión por parte de los estados8, lo que en países en desarrollo dificulta avances sustantivos en esta materia, en especial en América Latina donde el sector ha sido históricamente postergado9. Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa real en un plazo de 5 años.
Finalmente, luego de un largo recorrido iniciado más de un siglo atrás, en la segunda década del siglo XXI el sistema sanitario nacional logró alcanzar niveles de cobertura sanitaria (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas urbanas) de un 100 percent, como se observa en el siguiente gráfico. Esta desigualdad se debe principalmente al hecho de que el proceso liderado por el estado entre fines del siglo XIX y fines del XX estuvo restringido por la disponibilidad de recursos financieros del estado. De nuestro estudio se observa que sostenidamente se destinaron del presupuesto nacional recursos para avanzar gradualmente en la instalación de los servicios sanitarios a nivel nacional, pero no con la celeridad requerida, ni con la igualdad recomendada. Asimismo, cabe destacar que otra razón que explica la lentitud en la construcción de infraestructura sanitaria es el carácter subsidiario de los servicios de agua potable y alcantarillado. En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio common al consumo mediante bajas tarifas.
También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. La intervención del Estado en el servicio de agua potable y alcantarillado significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos.
Las autoridades políticas de la época parlamentaria tomaron conciencia de la problemática y procedieron a formular un conjunto de políticas públicas para una modernización de los servicios de agua potable y alcantarillado. Las primeras acciones respecto de los servicios de alcantarillado se relacionan con la ley 342 de 1896, que autorizó a las municipalidades de ciudades y villas con más de 5.000 habitantes a establecer como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o cañerías. Para este efecto, los municipios levantarían redes de alcantarillado a las que los vecinos se conectarían obligatoriamente, debiendo pagar por el servicio una cuota que fijaría el municipio33. El gráfico sixteen muestra la participación de enfermedades propias de la pobreza dentro del total de muertes de Chile.
Como señalamos anteriormente, desde los años 1990 el MOP continuó con el Programa de Agua Potable Rural prestando apoyo financiero y asesoría técnica a más de 1.900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas, logrando en 2017 que el 100% de la población rural concentrada tuviese agua potable y que el 60% de la población semi concentrada hiciese lo propio. Al mismo tiempo, se avanzó en sistemas de saneamientos de eliminación de excretas en la población rural, pues un 17% tenía sistema de alcantarillado, un 55,3% fosa séptica, un 15,5% letrinas conectadas a pozo sobre pozo negro, 9,5% conectada a pozo negro, y apenas un 2,7% no tenía solución160. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión. La principal de ellas es la fijación de tarifas que no solo le permiten autofinanciarse, sino que también obtener utilidades140.
Las tarifas eran establecidas sobre una base de subsidios cruzados entre las regiones del país, en orden a satisfacer las necesidades de la población, sin considerar el costo actual de prestar el suministro”121. A pesar de estos avances, persistía una deuda histórica en materia de cobertura de alcantarillado, incluso para poblaciones urbanas. En 1964 el propio MOP reconocía que de la población residente en ciudades que tenían algún tipo de alcantarillado (un 45% del whole de Chile), solo un 54% de la misma disfrutaba de alcantarillado domiciliario, un 14% podría (potencialmente) unirse a la red si se realizaban conexiones a la red precise, y otro 22% podría soñar con disfrutar de este servicio si se realizaban trabajos de ampliación.
En su último discurso presidencial (1989) el dictador reiteraba que “cabe recordar que en 1973 las tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado apenas alcanzaban a 69% y a un 36%, respectivamente. Hoy, en cambio, la cobertura de agua potable es casi de un 100% y la de alcantarillado de un 77%”. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario. Sin embargo, el comienzo del fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos. Lo que sí señalaron estas reformas fue el fin de la acción del MOP en el desarrollo del sector sanitario a través del SENDOS, que desde 1953 a 1990, logró aumentar sostenidamente la cobertura urbana de agua potable del país.
Es esencial realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que no haya fugas o problemas en el sistema. En el caso que se comprueba que el problema es ocasionado por terceros u obstrucción del conducto público, los trabajos no tendrán costos para el cliente y además la empresa sanitaria deberá realizar una sanitización donde haya ocurrido el derrame. Ante cualquier eventualidad que ocurra en el tramo correspondiente a la empresa sanitaria, si se determina que fue ocasionado por el mal uso del sistema de alcantarillado (trapos, papeles, basura, etc) se le hará un cargo al cliente por los trabajos realizados. La responsabilidad de los dueños del inmueble va desde la primera cámara domiciliaria hacia el interior de la vivienda, incluso el buen estado de la primera cámara es responsabilidad del dueño del inmueble en caso de que esta sufra daños o sea necesario reponerla. Si por efecto de algún problema en el colector público que provoque rebase superficial de aguas servidas que ocasione daño en la vivienda (enseres y otros), su reparación o reposición podrá solicitarse a la empresa.