Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados. Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. En 1889 la Comisión de Higiene Pública fue reemplazada por el Consejo Superior de Higiene Pública, institución dependiente del ministerio del Interior.
Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. En cualquier caso, esta política pública sanitaria estuvo guiada por el convencimiento de sucesivos gobiernos que dotar a la población de sistemas sanitarios modernos period la medida más eficaz de prevenir y combatir las epidemias y enfermedades ligadas a la falta de salubridad, y que causaban tan alta tasa de mortalidad en la población. Así, la estrategia adoptada fue comenzar con la provisión del suministro de agua potable en las ciudades con mayor número de habitantes, y, una vez dotado de este servicio, proceder a la instalación de alcantarillado.
Se demuestra que el Estado y las instituciones públicas tuvieron un rol central en el desarrollo de proyectos destinados a la universalización de la infraestructura sanitaria. En el convencimiento de que esto reduciría los problemas de salubridad pública, se privilegió una política tarifaria de bajo costo, inclusive si ello implicaba la generación de déficits operacionales y una alta dependencia del presupuesto público. El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya period superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un 100 percent tuberia de alcantarillado pvc de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU. A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico. Entre 1999 y 2012 la mayor parte de las inversiones estuvo destinada a la construcción de plantas de tratamientos de las aguas servidas de los alcantarillados urbanos, además de nuevas inversiones en las ya consolidadas redes de agua potable y alcantarillado.
Los Intendentes tendrían amplias atribuciones para fiscalizar en sus respectivas provincias la marcha de estos servicios. La Dirección General sería ejercida por un director common y constaría de los Departamentos de Explotación Técnica y de Explotación Comercial79. Todos los establecimientos que tengan como objetivo la producción, elaboración y expendio de alimentos deben tener un sistema de aguas adecuado y seguro, que esté autorizado por la SEREMI de salud a través de la resolución sanitaria para agua potable y alcantarillado. La responsabilidad de los dueños del inmueble va desde la primera cámara domiciliaria hacia el interior de la vivienda, incluso el buen estado de la primera cámara es responsabilidad del dueño del inmueble en caso de que esta sufra daños o sea necesario reponerla. Si se obstruye la instalación domiciliaria de alcantarillado, la cual comprende desde los artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, la solución será de responsabilidad del cliente, por lo cual deberá contratar con la empresa sanitaria o con un particular dicha solución, con el consiguiente costo a su cargo.
Sin embargo, este sistema de concesión a los privados tuvo poco éxito dado las bajas tarifas de agua potable y alcantarillado que fijaba el gobierno, haciendo poco atractiva estas inversiones. A pesar de lo anterior, surgieron algunas concesiones privadas en balnearios costeros como Zapallar, Santo Domingo y Papudo o en pueblos pequeños como Yumbel, Chañaral, Pica, El Arrayan, y Las Cenizas, o para abastecer algunos sectores de ciudades no atendidos por las empresas fiscales, como el sector de Colón en Santiago, una parte de la ciudad de Iquique82 y otra de Taltal. En otros casos, empresas privadas realizaban aportes para complementar las obras financiadas por el fisco, como fue el caso en Tomé de la empresa native Fábrica de Paños de Tomé84. Al año 2015, de las 20 repúblicas latinoamericanas, solo 3 tenían acceso “básico”1 casi common (i.e. más de 99% de la población) a agua potable “mejorada”2 y provista por cañerías (Chile, Costa Rica y Uruguay). Para el mismo año, dentro de Latinoamérica, solo Chile disfrutaba de una cobertura casi universal de acceso (no compartido) a servicios básicos de deposición de excrementos, teniendo además la tasa más alta de conexión a sistemas de alcantarillado3.
Persistía, aún, la deuda con los sectores rurales no concentrados, así como con el tratamiento de aguas servidas de las grandes urbes. Y, de hecho, un punto poco destacado por la historiografía, pero que no escapó al análisis hecho por el presidente Patricio Aylwin en su primer discurso presidencial, es que un lado negativo del aumento de provisión de alcantarillado, en un país sin tratamiento de aguas servidas, era que “en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas”127. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios.
Sin embargo, su instalación fue dificultosa por el advenimiento de la Guerra Civil de 1891, que llevó a su suspensión. En 1892 se refundó el Consejo Superior de Higiene Pública y se creó el Instituto de Higiene, debiendo trabajar coordinadamente ambas instituciones para velar por la salubridad e higiene nacional. El primero era un órgano consultivo donde convergieron médicos, ingenieros y políticos, que estudiaban y proponían al gobierno medidas para avanzar en la salubridad pública. El segundo era sistema de alcantarillado sanitario y pluvial un organismo técnico encargado de hacer estudios científicos de higiene pública y privada, especialmente análisis químicos y bacteriológicos de las aguas potables de las principales ciudades del país32. De este modo, las primeras medidas de intervención estatal en la problemática sanitaria estuvieron relacionadas con el enfrentamiento de la epidemia de cólera que afectaba al país.
La tarifa por el servicio de alcantarillado sólo cubre la operación y mantenimiento del sistema, considerando su uso sólo para recibir las aguas servidas y efectuar reparaciones ajenas a la responsabilidad del cliente. Establecimiento educacional deberá contar en los lugares de trabajo, con instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable que cumplan con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 156Chile fue el primer país de la región en alcanzar un 100 percent de cobertura en tratamiento de aguas servidas urbanas. 125En el Discurso Presidencial de 1983, por ejemplo, Pinochet se vanagloriaba de estar “a la vanguardia en América Latina en esta materia”. Asimismo, en el Discurso Presidencial de 1988 sostuvo que “la cobertura de agua potable en población urbana, que en 1970 solo alcanzaba a un sixty six,5%, llega hoy a un 97% de los hogares chilenos”. En su último discurso presidencial (1989) el dictador reiteraba que “cabe recordar que en 1973 las tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado apenas alcanzaban a 69% y a un 36%, respectivamente.
En 1964 fue inaugurado el mismo, luego de un largo retraso, permitiendo common el volumen del agua del río Maipo, del cual se abastecía de la planta de tratamiento de agua Vizcachas, inaugurada en 1947. Junto con esta obra se emprendió en 1963 la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua, la planta de filtros Las Vizcachitas, gracias a un préstamo del BID de US$5,12 millones. Estas inversiones venían a resolver una sostenida demanda de agua potable de la ciudad, que entre 1940 y 1965 estaba triplicando su consumo102. Colaborar en la definición de políticas públicas relacionadas con la reducción de déficit de cobertura de agua potable y saneamiento sanitario.
Se instalaban pequeños sistemas, que en lo elementary extraían agua de un pozo o vertiente, la cual era tratada en una planta de filtro y cloración, para luego ser bombeada desde un estanque de almacenamiento a la purple de agua potable de la comunidad, quedando su administración, operación y mantención a cargo de la cooperativa113. Como podemos observar, los servicios de agua potable aumentaron sostenidamente y, por detrás, los de alcantarillado86. Esto se explica porque period necesario primero contar con el agua potable para poder instalar los servicios de alcantarillado, pues estos necesitaban del agua para su limpieza, pero también por el mayor costo financiero de las obras de alcantarillado. Si bien ambas demandan altos niveles de inversión, las obras de agua potable son siempre más costosas que las de alcantarillado87. En efecto, tan tarde como en 1915, el gobierno reconocía que “en la gran mayoría de las poblaciones en que se ha instalado el servicio de agua potable no existe servicio de desagües, sea este formado por alcantarillas o por acequias”88.
Tan temprano como en 1937, el presidente de la república reportaba que “no hay población en el país con más de 5,000 habitantes que carezca de agua potable, y superior a 10,000 habitantes que no disponga de alcantarillado”92. En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma related para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la whole venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el control de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro. Una innovación era la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados. Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años.