De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.
Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.
Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En plomero y gasista es lo mismo nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.
Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar private. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar private.
Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de 72 senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta eighty personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.
A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.
La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar private. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo private temporal.
Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal pozo de alcantarillado. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, and so on.).
Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La idea sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, and so on.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.