106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”. A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. Persistía, aún, la deuda con los sectores rurales no concentrados, así como con el tratamiento de aguas servidas de las grandes urbes.
Ruth Salinas, presidenta de la junta de vecinos Villa Araucaria, se mostró muy feliz por la inauguración y señaló que “durante años los vecinos estuvieron viviendo sin agua potable ni alcantarillado, y gracias a la gestión y al trabajo que hicimos con algunos vecinos, en conjunto con la alcaldía, se logró el alcantarillado para 17 familias que estaban sin agua potable. El proyecto de conexión de agua potable para 17 familias de la Villa Monumental 2, significó una inversión de más de $107 millones a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Ante cualquier eventualidad que ocurra en el tramo correspondiente a la empresa sanitaria, si se determina que fue ocasionado por el mal uso del sistema de alcantarillado (trapos, papeles, basura, etc) se le hará un cargo al cliente por los trabajos realizados. Al igual que en la red de agua potable, la empresa sanitaria es responsable del mantenimiento, conservación y reparación del alcantarillado público hasta la unión domiciliaria.
Con todo, gracias al uso de estas fuentes, se mostrará que, luego de un largo letargo, el Estado chileno y sus instituciones tuvieron un rol elementary en la formulación y ejecución de los proyectos destinados a dotar al país de una infraestructura sanitaria universal11. Estas políticas públicas estuvieron guiadas por el convencimiento de la gran influencia del entorno ambiental y social en el desarrollo de enfermedades infecciosas, ligadas a la falta de salubridad de las ciudades, la cuales debían ser solucionadas con el mejoramiento del suministro de agua potable y las redes de alcantarillado. En virtud de lo anterior, se privilegió durante la mayor parte del proceso una política tarifaria de bajo costo de estos servicios para la población (i.e. subsidiados), aun a costa de hacer deficitario la gestión operacional del sistema y de hacer sus inversiones dependientes del presupuesto público. Hay, por lo tanto, que diferenciar entre un primer y más largo periodo donde domina la acción estatal, seguido de otro corto periodo con gran protagonismo del sector privado, sobre todo en el proceso de tratamiento de aguas servidas.
También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. [newline]La intervención del Estado en el pvc plomeria significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos. Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados. Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. En la Villa Monumental existían 17 familias en el radio urbano que no contaban con el servicio de agua potable y alcantarillado, lo que genera problemas sanitarios, no solo a estas familias, sino que también al conjunto habitacional, que se veían obligados a utilizar sistemas precarios de abastecimiento de agua potable y de evacuación de las aguas servidas.
Este sistema “operaba de manera centralizada en materia de la planificación de inversiones, asignación de recursos y fijación de tarifas, siendo los SENDOS regionales sólo servicios operativos. Las tarifas eran establecidas sobre una base de subsidios cruzados entre las regiones del país, en orden a satisfacer las necesidades de la población, sin considerar el costo real de prestar el suministro”121. La mayor inversión del MOP estuvo relacionada con asegurar el suministro de agua potable para la megaciudad en que se estaba convirtiendo Santiago. En 1953 se inició la construcción del embalse El Yeso, situado a unos 2.600 metros de altura al este de la capital, el que permitiría acumular hasta 250 millones de metros cúbicos de agua, asegurando el suministro por todo el siglo XX.
Si bien ambas demandan altos niveles de inversión, las obras de agua potable son siempre más costosas que las de alcantarillado87. En efecto, tan tarde como en 1915, el gobierno reconocía que “en la gran mayoría de las poblaciones en que se ha instalado el servicio de agua potable no existe servicio de desagües, sea este formado por alcantarillas o por acequias”88. Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese period el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio.
Sin embargo, entre 1965 y 1976 el Estado, aunque manteniendo su política de subsidios, aumentó significativamente los niveles de inversión en obras sanitarias urbanas y rurales, logrando aumentar la cobertura urbana a un 77,4% en agua potable y a un forty seven,4% en alcantarillado. Asimismo, gracias a un programa de agua potable rural, con apoyo del BID, se había alcanzó una cobertura de agua potable de la población rural concentrada de un 47,8%. Esta desigualdad se debe principalmente al hecho de que el proceso liderado por el estado entre fines del siglo XIX y fines del XX estuvo restringido por la disponibilidad de recursos financieros del estado. De nuestro estudio se observa que sostenidamente se destinaron del presupuesto nacional recursos para avanzar gradualmente en la instalación de los servicios sanitarios a nivel nacional, pero no con la celeridad requerida, ni con la igualdad recomendada. Asimismo, cabe destacar que otra razón que explica la lentitud en la construcción de infraestructura sanitaria es el carácter subsidiario de los servicios de agua potable y alcantarillado. En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio universal servicios de plomeria en santo domingo al consumo mediante bajas tarifas.
En 1964 fue inaugurado el mismo, luego de un largo retraso, permitiendo regular el volumen del agua del río Maipo, del cual se abastecía de la planta de tratamiento de agua Vizcachas, inaugurada en 1947. Junto con esta obra se emprendió en 1963 la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua, la planta de filtros Las Vizcachitas, gracias a un préstamo del BID de US$5,12 millones. Estas inversiones venían a resolver una sostenida demanda de agua potable de la ciudad, que entre 1940 y 1965 estaba triplicando su consumo102. A pesar de estas dificultades, al final del periodo cubierto en esa sección, en 1952 un 48% de la población chilena tenía acceso a agua potable, mientras que un 33% disfrutaba de alcantarillado, bastante más que a principios de siglo.
Dicha política se justificó argumentando que brindar acceso al agua potable y alcantarillado a bajo costo a la mayor población posible mejoraba la salubridad y prevenía enfermedades relacionadas con la falta de higiene a toda la población del país. En cualquier caso, los 128 servicios existentes en 1949 abarcaban las principales ciudades del país, pues la política pública había privilegiado los centros urbanos con poblaciones superiores a los cinco mil habitantes89. De hecho, el censo de 1952 señalaba la existencia de 65 ciudades con poblaciones sobre los cinco mil habitantes, la mayoría de ellas con población entre los 5 y los 50 mil habitantes, salvo Santiago (1,35 millones), Valparaíso (218 mil), Concepción (120 mil) y Viña del Mar (85 mil). De estas, todas tenían suministro de agua potable de parte de la Dirección, salvo Santiago y Punta Arenas, que dependían de empresas a cargo de sus municipios90. Luego existían forty ciudades con población de entre mil y dos mil habitantes, donde la Dirección también brindaba servicios de agua potable91.
De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. Respecto del, otrora postergado mundo rural, hacia 2017 el mismo representaba un 12% de la población nacional, totalizando unos 2,three millones de habitantes. Aproximadamente la mitad de esa población vivía en localidades concentradas y la otra mitad en localidades semi concentradas y/o dispersas. Como señalamos anteriormente, desde los años 1990 el MOP continuó con el Programa de Agua Potable Rural prestando apoyo financiero y asesoría técnica a más de 1.900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas, logrando en 2017 que el 100 percent de la población rural concentrada tuviese agua potable y que el 60% de la población semi concentrada hiciese lo propio. Al mismo tiempo, se avanzó en sistemas de saneamientos de eliminación de excretas en la población rural, pues un 17% tenía sistema de alcantarillado, un fifty five,3% fosa séptica, un 15,5% letrinas conectadas a pozo sobre pozo negro, 9,5% conectada a pozo negro, y apenas un 2,7% no tenía solución160.
La principal de ellas es la fijación de tarifas que no solo le permiten autofinanciarse, sino que también obtener utilidades140. Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya era abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que period exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, three, four, 6 y 7.