A partir de 1975, esta vez bajo una nueva política económica neoliberal, se llevó a cabo una profunda reorganización y racionalización del sector público, que llevaría a un cambio de los paradigmas que habían definido la trayectoria del sistema sanitario estatal. En lo medular, se produjo un aumento progresivo de las tarifas y mejores sistemas de cobranza y recaudación que disminuyeron considerablemente las perdidas operacionales, generando también un aumento de los ingresos propios. Además, se accedió a nuevos créditos internacionales del BIRF y el BID para aumentar la inversión sanitaria en la renovación y ampliación de la cobertura urbana y rural de agua potable y alcantarillado. De este modo, juntamente con el alza tarifaria comenzó a aplicarse el sistema de subsidio focalizado al consumo de agua potable y alcantarillado. Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo. En vista de lo anterior, entre 1991 y 1995 se realizaron modificaciones para mejorar la cobertura y entrega del subsidio, flexibilizando el porcentaje factible de subsidiar de un rango de 40% a 75% a uno de 25% a 85%, y elevándose la base de subsidio de 15 a 20 metros cúbicos.
Demostramos que juntos podemos mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de Molina”, destacó el encargado regional de Subdere. En el caso que se comprueba que el problema es ocasionado por terceros u obstrucción del conducto público, los trabajos no tendrán costos para el cliente y además la empresa sanitaria deberá realizar una sanitización donde haya ocurrido el derrame. La responsabilidad de los dueños del inmueble va desde la primera cámara domiciliaria hacia el interior de la vivienda, incluso el buen estado de la primera cámara es responsabilidad del dueño del inmueble en caso de que esta sufra daños o sea necesario reponerla. Por su parte, los edificios y conjuntos habitacionales acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria, cuentan con un medidor common instalado en la línea oficial de la entrada del inmueble y deberán contar obligatoriamente con remarcadores para cada departamento o inmueble con la finalidad de realizar la medición del consumo private y de los espacios comunes. 95Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección common de servicios agua potable y alcantarillado de 1945, 8-9.
Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la total venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el control de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro. A partir de 1995 el gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz Tagle desarrolló una política económica para generar un proceso sistemático de privatización del sistema sanitario estatal.
Respecto del servicio de alcantarillado, todas las ciudades con más de diez mil habitantes contaban con el mismo, cumpliéndose con la meta establecida, y se avanzaba con las ciudades de entre 5 y diez mil habitantes. Tan temprano como en 1937, el presidente de la república reportaba que “no hay población en el país con más de 5,000 habitantes que carezca de agua potable, y superior a 10,000 habitantes que no disponga de alcantarillado”92. Al año 2015, de las 20 repúblicas latinoamericanas, solo 3 tenían acceso “básico”1 casi common (i.e. más de 99% de la población) a agua potable “mejorada”2 y provista por cañerías (Chile, Costa Rica y Uruguay). Para el mismo año, dentro de Latinoamérica, solo Chile disfrutaba de una cobertura casi common de acceso (no compartido) a servicios básicos de deposición de excrementos, teniendo además la tasa más alta de conexión a sistemas de alcantarillado3. Finalmente, Chile también disfruta hoy del mayor porcentaje de tratamiento de aguas servidas de la región (siendo common en áreas urbanas), muy distante de la mayor parte del resto de los países latinoamericanos en este último indicador.
Es esencial realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que no haya fugas o problemas en el sistema. Para llevar a cabo una instalación exitosa de agua potable y alcantarillado, es necesario contar con los materiales adecuados. Es recomendable buscar asesoramiento profesional o consultar a proveedores confiables para asegurarte de adquirir los materiales pvc plomeria apropiados para tu proyecto. Si por efecto de algún problema en el colector público que provoque rebase superficial de aguas servidas que ocasione daño en la vivienda (enseres y otros), su reparación o reposición podrá solicitarse a la empresa. Al no haber solución por esta vía, el cliente podrá recurrir al Juzgado de Policía Local correspondiente.
Una innovación era la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados. Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años. Sería obligación de la empresa privada costear todas las instalaciones de agua potable y alcantarillado, incluido los arranques domiciliarios. Las tarifas se calcularían de modo que las entradas de la Empresa cubrieran reparaciones de plomeria los gastos de explotación y conservación de las obras, que permitieran formar un fondo para renovación de las instalaciones y rendir un interés hasta de un 10% del capital inmovilizado. Por último, quedarían bajo la supervigilancia de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado81. Sin embargo, este sistema de concesión a los privados tuvo poco éxito dado las bajas tarifas de agua potable y alcantarillado que fijaba el gobierno, haciendo poco atractiva estas inversiones.
De todas las políticas de salud pública, quizás las relacionadas con provisión de agua potable y alcantarillado son las que requieren de mayor inversión por parte de los estados8, lo que en países en desarrollo dificulta avances sustantivos en esta materia, en especial en América Latina donde el sector ha sido históricamente postergado9. Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4). Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970.
El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya era superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un one hundred pc de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU. Entre estas medidas cabe mencionar la fijación de tarifas que no solo les permitieron autofinanciarse, sino que también obtener utilidades y realizar inversiones que llevaron las coberturas de agua potable y alcantarillado urbano al 99,3% y ninety one,6%, respectivamente. Finalmente, luego de un largo recorrido iniciado más de un siglo atrás, en la segunda década del siglo XXI el sistema sanitario nacional logró alcanzar niveles de cobertura sanitaria (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas urbanas) de un one hundred pc, como se observa en el siguiente gráfico. El lado negativo de esta política fue la baja recaudación fiscal por estos servicios (que apenas alcanzaba a cubrir gastos operacionales o que incluso generaban déficits recurrentes), lo que obligaba al estado, vía ley de presupuestos, a destinar permanentemente, pero insuficientemente, recursos frescos para financiar nuevas inversiones en el mejoramiento o ampliación de los servicios sanitarios. A pesar de lo anterior, el porcentaje de población cubierta con agua potable y alcantarillado aumentó sostenidamente. Empero, por largo tiempo el mundo rural mostraba, comparativamente con el urbano, magros resultados dado los escasos niveles de inversión en obras sanitarias.
El Estado tendría la administración de estos servicios y la recaudación del impuesto hasta que se reembolsara totalmente de lo invertido en su ejecución, con el interés del 5% anual, pasando estas obras a la propiedad de los respectivos municipios. Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio period fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche.
Sin embargo, ya había logrado dotar de sistemas de agua potable a 199 localidades rurales concentradas, con una inversión whole de US$6 millones114. Con todo, el aumento de cobertura pasó de un 6% en 1960 a un 31% en 1970 para dichas localidades115. Junto con esta gran inversión, el MOP, a través de la DOS, realizó inversiones adicionales para ampliar sus servicios de agua potable y alcantarillado a lo largo del país, pasando de administrar fifty nine servicios de agua potable y alcantarillado y 60 solo de agua potable, en 1949, a 118 y one hundred fifty en 1976, respectivamente, como se observa en el siguiente cuadro. Particularmente activo fue el gobierno de Frei Montalva, que gracias a la implementación de un plan quinquenal103, logró aumentar en más de 40 los servicios de agua potable administrados por el fisco104.
Le recordamos que el responsable de mantener en buenas condiciones su instalación domiciliaria, es usted. Todas las boletas y facturas de consumo de agua potable, tendrán un vencimiento para el día 20 del mes siguiente a su emisión, fecha que sale claramente indicada en su boleta. No, estas mantenciones realizadas en la vía pública, fuera de su casa, no tienen costo para los usuarios. En este caso, si son dos o tres viviendas unidas y no se puede determinar quien produjo el taco, el valor se divide por dos o tres y se carga en las boletas de consumo respectivas.