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Con todo, gracias al uso de estas fuentes, se mostrará que, luego de un largo letargo, el Estado chileno y sus instituciones tuvieron un rol basic en la formulación y ejecución de los proyectos destinados a dotar al país de una infraestructura sanitaria universal11. Estas políticas públicas estuvieron guiadas por el convencimiento de la gran influencia del entorno ambiental y social en el desarrollo de enfermedades infecciosas, ligadas a la falta de salubridad de las ciudades, la cuales debían ser solucionadas con el mejoramiento del suministro de agua potable y las redes de alcantarillado. En virtud de lo anterior, se privilegió durante la mayor parte del proceso una política tarifaria de bajo costo de estos servicios para la población (i.e. subsidiados), aun a costa de hacer deficitario la gestión operacional del sistema y de hacer sus inversiones dependientes del presupuesto público.

El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.

Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya period abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que period sistema de alcantarillado sanitario y pluvial exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

“desgraciadamente la escasez de fondos ha sido la causa de que la mayor parte de este plan no sea realizado y así más de 30 ciudades cuyas obras de mejoramiento o de instalación del servicio debieran haberse ya ejecutado en conformidad a ese plan, todavía no han visto iniciadas sus obras”71. ¿Quiénes están eximidos de pagar los costos de conexión a la pink de agua potable y alcantarillado? Las viviendas sociales de hasta 750 Unidades de Fomento (UF), que se financien en parte o totalmente con subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El conjunto de conducción e instalaciones diseñadas para transportar el agua potable a los hogares es responsabilidad de la empresa sanitaria hasta las llaves de paso del medidor basic. Si existe una filtración inmediatamente después de estas llaves la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente, quien debe reparar esta fuga. Una vez que las tuberías están correctamente colocadas, es el momento de realizar las conexiones y las pruebas del sistema.

Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese era el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. El SAP es un apoyo económico para familias vulnerables económicamente que permite que, mediante el municipio, se pueda pagar una parte de la cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. El beneficio es para residentes permanentes de viviendas ubicadas en sectores tanto urbanos, como rurales del país. Para las familias beneficiarias de «Chile Solidario» y «Chile Seguridades y Oportunidades», el subsidio financia el 100% de la parte cubierta. Para ser beneficiario, tu hogar debe destinar más del 5% de sus ingresos mensuales, para costear la cuenta de agua cada mes.

Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo. En vista de lo anterior, entre 1991 y 1995 se realizaron modificaciones para mejorar la cobertura y entrega del subsidio, flexibilizando el porcentaje factible de subsidiar de un rango de 40% a 75% a uno de 25% a 85%, y elevándose la base de subsidio de 15 a 20 metros cúbicos. Luego de estas modificaciones, en 1995 el 17,6% de los clientes urbanos estaba subsidiado, con un costo equivalente al 5,2% de la facturación de las empresas sanitarias, financiamiento que aportaba directamente el Estado144. Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4).

144Valenzuela y Jouravlev, Servicios de agua potable…,19-20; Celedón y Alegría, «Análisis del proceso de privatización», 81. 82Mención especial de empresas privadas proveyendo agua potable merece la The Tarapacá Water Works Company, que abastecía partes de Iquique y algunas oficinas salitreras, fundada en 1888. Páez, Abastecimiento de agua potable en villas y aldeas; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno» 1-55. 74Por largo tiempo el gobierno central trató de conseguir agua potable desde la cordillera para abastecer a Antofagasta, incluso apelando al apoyo de empresas privadas (salitreras). 68En 1913 se reportaba que “los fondos consultados para practicar diversos estudios de alcantarillado de la república se han agotado”.

Creamos competitividad para Chile al garantizar el suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas para cualquier industria que se desarrolle dentro de nuestros territorios de operación. Ley 2.106, de 05 de marzo 1908, El Congreso autoriza al presidente de la República para que contrate en licitación pública la construcción de los alcantarillados en las ciudades de la República que tengan más de diez mil habitantes. Este servicio, que involucra extraer todas las aguas servidas desde su casa y llevarlas hacia los colectores públicos, que a su vez transportan estos desechos hasta el emisario ultimate y planta de tratamiento, tiene un costo operacional que todos los usuarios deben pagar. 152En 2004 ya estaban en operación 162 plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile, siendo la de la Farfana (en la Región Metropolitana) la de mayor capacidad. 146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario.

Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa actual en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo sistema de alcantarillado domiciliario modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual. El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142.

Sin embargo, el comienzo del fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos. Lo que sí señalaron estas reformas fue el fin de la acción del MOP en el desarrollo del sector sanitario a través del SENDOS, que desde 1953 a 1990, logró aumentar sostenidamente la cobertura urbana de agua potable del país. Al igual que en la pink de agua potable, la empresa sanitaria es responsable del mantenimiento, conservación y reparación del alcantarillado público hasta la unión domiciliaria. En conclusión, la instalación de agua potable y alcantarillado es un proceso crucial para garantizar el suministro de agua segura y la correcta eliminación de aguas residuales en cualquier propiedad.

Como señalamos anteriormente, desde los años 1990 el MOP continuó con el Programa de Agua Potable Rural prestando apoyo financiero y asesoría técnica a más de 1.900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas, logrando en 2017 que el 100 percent de la población rural concentrada tuviese agua potable y que el 60% de la población semi concentrada hiciese lo propio. Al mismo tiempo, se avanzó en sistemas de saneamientos de eliminación de excretas en la población rural, pues un 17% tenía sistema de alcantarillado, un fifty five,3% fosa séptica, un 15,5% letrinas conectadas a pozo sobre pozo negro, 9,5% conectada a pozo negro, y apenas un 2,7% no tenía solución160. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión.

Para este efecto, el gobierno decretó a fines de 1886 la formación de una comisión presidida por el ministro del Interior, que fue denominada Comisión de Higiene Pública para estudiar y recomendar medidas para enfrentar la epidemia. El SAP es un apoyo económico para familias vulnerables económicamente que permite que, mediante el municipio, se pueda pagar una parte de la cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. El beneficio es para residentes permanentes de viviendas ubicadas en sectores tanto urbanos, como rurales del país. Para las familias beneficiarias de «Chile Solidario» y «Chile Seguridades y Oportunidades», el subsidio financia el 100% de la parte cubierta. Para ser beneficiario, tu hogar debe destinar más del 5% de sus ingresos mensuales, para costear la cuenta de agua cada mes. 76Ministerio de Interior, Memoria de la administración general de los servicios de agua potable y alcantarillado en explotación de 1930, 2-4.

Dicho Comité fue creado hace más de 14 años, con el único fin de proveer de agua potable al valle y sus alrededores. Ley 5.613, de 1935, que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros. 152En 2004 ya estaban en operación 162 plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile, siendo la de la Farfana (en la Región Metropolitana) la de mayor capacidad. 146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. 95Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección basic de servicios agua potable y alcantarillado de 1945, 8-9.

Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados. Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. En 1889 la Comisión de Higiene Pública fue reemplazada por el Consejo Superior de Higiene Pública, institución dependiente del ministerio del Interior.

Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. En cualquier caso, esta política pública sanitaria estuvo guiada por el convencimiento de sucesivos gobiernos que dotar a la población de sistemas sanitarios modernos period la medida más eficaz de prevenir y combatir las epidemias y enfermedades ligadas a la falta de salubridad, y que causaban tan alta tasa de mortalidad en la población. Así, la estrategia adoptada fue comenzar con la provisión del suministro de agua potable en las ciudades con mayor número de habitantes, y, una vez dotado de este servicio, proceder a la instalación de alcantarillado.

Aprenderás sobre los requisitos, los materiales necesarios, las normativas y recibirás consejos prácticos para asegurar un sistema eficiente y seguro. “Con estos trabajos estamos garantizando, en primer lugar, una mayor seguridad para el recinto de las fondas, iluminando el sector donde van a compartir las familias en estas fiestas patrias, y también estamos mejoramos sustancialmente la higiene del lugar, con una red de alcantarillado y agua potable definitiva”, explicó la jefa comunal. Te entregamos toda la información que necesitas para obtener los servicios de agua potable y alcantarillado.

Se demuestra que el Estado y las instituciones públicas tuvieron un rol central en el desarrollo de proyectos destinados a la universalización de la infraestructura sanitaria. En el convencimiento de que esto reduciría los problemas de salubridad pública, se privilegió una política tarifaria de bajo costo, inclusive si ello implicaba la generación de déficits operacionales y una alta dependencia del presupuesto público. El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya period superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un 100 percent de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU. A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico. Entre 1999 y 2012 la mayor parte de las inversiones estuvo destinada a la construcción de plantas de tratamientos de las aguas servidas de los alcantarillados urbanos, además de nuevas inversiones en las ya consolidadas redes de agua potable y alcantarillado.

Sin embargo, este sistema de concesión a los privados tuvo poco éxito dado las bajas tarifas de agua potable y alcantarillado que fijaba el gobierno, haciendo poco atractiva estas inversiones. A pesar de lo anterior, surgieron algunas concesiones privadas en balnearios costeros como Zapallar, Santo Domingo y Papudo o en pueblos pequeños como Yumbel, Chañaral, Pica, El Arrayan, y Las Cenizas, o para abastecer algunos sectores de ciudades no atendidos por las empresas fiscales, como el sector de Colón en Santiago, una parte de la ciudad de Iquique82 y otra de Taltal. En otros casos, empresas privadas realizaban aportes para complementar las obras financiadas por el fisco, como fue el caso en Tomé de la empresa native todo en plomeria Fábrica de Paños de Tomé84. Al año 2015, de las 20 repúblicas latinoamericanas, solo three tenían acceso “básico”1 casi common (i.e. más de 99% de la población) a agua potable “mejorada”2 y provista por cañerías (Chile, Costa Rica y Uruguay). Para el mismo año, dentro de Latinoamérica, solo Chile disfrutaba de una cobertura casi universal de acceso (no compartido) a servicios básicos de deposición de excrementos, teniendo además la tasa más alta de conexión a sistemas de alcantarillado3.

Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese era el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. De este modo, juntamente con el alza tarifaria comenzó a aplicarse el sistema de subsidio focalizado al consumo de agua potable y alcantarillado. Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo.

Los Intendentes tendrían amplias atribuciones para fiscalizar en sus respectivas provincias la marcha de estos servicios. La Dirección General sería ejercida por un director basic y constaría de los Departamentos de Explotación Técnica y de Explotación Comercial79. Todos los establecimientos  que tengan como objetivo la producción, elaboración y expendio de alimentos deben tener un sistema de aguas adecuado y seguro, que esté autorizado por la SEREMI de salud a través de la resolución sanitaria para agua potable y alcantarillado. La responsabilidad de los dueños del inmueble va desde la primera cámara domiciliaria hacia el inside de la vivienda, incluso el buen estado de la primera cámara es responsabilidad del dueño del inmueble en caso de que esta sufra daños o sea necesario reponerla. Si se obstruye la instalación domiciliaria de alcantarillado, la cual comprende desde los artefactos hasta la última cámara domiciliaria, inclusive, la solución será de responsabilidad del cliente, por lo cual deberá contratar con la empresa sanitaria o con un particular dicha solución, con el consiguiente costo a su cargo.

Se instalaban pequeños sistemas, que en lo basic extraían agua de un pozo o vertiente, la cual era tratada en una planta de filtro y cloración, para luego ser bombeada desde un estanque de almacenamiento a la red de agua potable de la comunidad, quedando su administración, operación y mantención a cargo de la cooperativa113. Como podemos observar, los servicios de agua potable aumentaron sostenidamente y, por detrás, los de alcantarillado86. Esto se explica porque era necesario primero contar con el sistema de alcantarillado domiciliario agua potable para poder instalar los servicios de alcantarillado, pues estos necesitaban del agua para su limpieza, pero también por el mayor costo financiero de las obras de alcantarillado. Si bien ambas demandan altos niveles de inversión, las obras de agua potable son siempre más costosas que las de alcantarillado87. En efecto, tan tarde como en 1915, el gobierno reconocía que “en la gran mayoría de las poblaciones en que se ha instalado el servicio de agua potable no existe servicio de desagües, sea este formado por alcantarillas o por acequias”88.

Tan temprano como en 1937, el presidente de la república reportaba que “no hay población en el país con más de 5,000 habitantes que carezca de agua potable, y superior a 10,000 habitantes que no disponga de alcantarillado”92. En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma related para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la whole venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el control de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro. Una innovación era la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados. Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años.