Con todo, gracias al uso de estas fuentes, se mostrará que, luego de un largo letargo, el Estado chileno y sus instituciones tuvieron un rol basic en la formulación y ejecución de los proyectos destinados a dotar al país de una infraestructura sanitaria universal11. Estas políticas públicas estuvieron guiadas por el convencimiento de la gran influencia del entorno ambiental y social en el desarrollo de enfermedades infecciosas, ligadas a la falta de salubridad de las ciudades, la cuales debían ser solucionadas con el mejoramiento del suministro de agua potable y las redes de alcantarillado. En virtud de lo anterior, se privilegió durante la mayor parte del proceso una política tarifaria de bajo costo de estos servicios para la población (i.e. subsidiados), aun a costa de hacer deficitario la gestión operacional del sistema y de hacer sus inversiones dependientes del presupuesto público.
El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.
Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya period abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que period sistema de alcantarillado sanitario y pluvial exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
“desgraciadamente la escasez de fondos ha sido la causa de que la mayor parte de este plan no sea realizado y así más de 30 ciudades cuyas obras de mejoramiento o de instalación del servicio debieran haberse ya ejecutado en conformidad a ese plan, todavía no han visto iniciadas sus obras”71. ¿Quiénes están eximidos de pagar los costos de conexión a la pink de agua potable y alcantarillado? Las viviendas sociales de hasta 750 Unidades de Fomento (UF), que se financien en parte o totalmente con subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El conjunto de conducción e instalaciones diseñadas para transportar el agua potable a los hogares es responsabilidad de la empresa sanitaria hasta las llaves de paso del medidor basic. Si existe una filtración inmediatamente después de estas llaves la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente, quien debe reparar esta fuga. Una vez que las tuberías están correctamente colocadas, es el momento de realizar las conexiones y las pruebas del sistema.
Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese era el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. El SAP es un apoyo económico para familias vulnerables económicamente que permite que, mediante el municipio, se pueda pagar una parte de la cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. El beneficio es para residentes permanentes de viviendas ubicadas en sectores tanto urbanos, como rurales del país. Para las familias beneficiarias de «Chile Solidario» y «Chile Seguridades y Oportunidades», el subsidio financia el 100% de la parte cubierta. Para ser beneficiario, tu hogar debe destinar más del 5% de sus ingresos mensuales, para costear la cuenta de agua cada mes.
Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo. En vista de lo anterior, entre 1991 y 1995 se realizaron modificaciones para mejorar la cobertura y entrega del subsidio, flexibilizando el porcentaje factible de subsidiar de un rango de 40% a 75% a uno de 25% a 85%, y elevándose la base de subsidio de 15 a 20 metros cúbicos. Luego de estas modificaciones, en 1995 el 17,6% de los clientes urbanos estaba subsidiado, con un costo equivalente al 5,2% de la facturación de las empresas sanitarias, financiamiento que aportaba directamente el Estado144. Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4).
144Valenzuela y Jouravlev, Servicios de agua potable…,19-20; Celedón y Alegría, «Análisis del proceso de privatización», 81. 82Mención especial de empresas privadas proveyendo agua potable merece la The Tarapacá Water Works Company, que abastecía partes de Iquique y algunas oficinas salitreras, fundada en 1888. Páez, Abastecimiento de agua potable en villas y aldeas; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno» 1-55. 74Por largo tiempo el gobierno central trató de conseguir agua potable desde la cordillera para abastecer a Antofagasta, incluso apelando al apoyo de empresas privadas (salitreras). 68En 1913 se reportaba que “los fondos consultados para practicar diversos estudios de alcantarillado de la república se han agotado”.
Creamos competitividad para Chile al garantizar el suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas para cualquier industria que se desarrolle dentro de nuestros territorios de operación. Ley 2.106, de 05 de marzo 1908, El Congreso autoriza al presidente de la República para que contrate en licitación pública la construcción de los alcantarillados en las ciudades de la República que tengan más de diez mil habitantes. Este servicio, que involucra extraer todas las aguas servidas desde su casa y llevarlas hacia los colectores públicos, que a su vez transportan estos desechos hasta el emisario ultimate y planta de tratamiento, tiene un costo operacional que todos los usuarios deben pagar. 152En 2004 ya estaban en operación 162 plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile, siendo la de la Farfana (en la Región Metropolitana) la de mayor capacidad. 146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario.
Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa actual en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo sistema de alcantarillado domiciliario modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual. El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142.
Sin embargo, el comienzo del fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos. Lo que sí señalaron estas reformas fue el fin de la acción del MOP en el desarrollo del sector sanitario a través del SENDOS, que desde 1953 a 1990, logró aumentar sostenidamente la cobertura urbana de agua potable del país. Al igual que en la pink de agua potable, la empresa sanitaria es responsable del mantenimiento, conservación y reparación del alcantarillado público hasta la unión domiciliaria. En conclusión, la instalación de agua potable y alcantarillado es un proceso crucial para garantizar el suministro de agua segura y la correcta eliminación de aguas residuales en cualquier propiedad.
Como señalamos anteriormente, desde los años 1990 el MOP continuó con el Programa de Agua Potable Rural prestando apoyo financiero y asesoría técnica a más de 1.900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas, logrando en 2017 que el 100 percent de la población rural concentrada tuviese agua potable y que el 60% de la población semi concentrada hiciese lo propio. Al mismo tiempo, se avanzó en sistemas de saneamientos de eliminación de excretas en la población rural, pues un 17% tenía sistema de alcantarillado, un fifty five,3% fosa séptica, un 15,5% letrinas conectadas a pozo sobre pozo negro, 9,5% conectada a pozo negro, y apenas un 2,7% no tenía solución160. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión.
