Etiqueta: sociales

la industria de la construcción. Sus más de 600 metros cuadrados de recepción, networking y espacios comunes, se conjugan con sus salas multipropósito especialmente equipadas para la formación integral de los profesionales del sector. Este grupo se caracteriza también por su versatilidad, sin embargo cuenta con más integrantes que el anterior e incorpora una instrumentación electrónica y otros géneros. Sus integrantes son Mario López Mendoza, (vocalista y representante), Mario Hernández (guitarra), Rigoberto López Mendoza (batería), Rubén Condes Ceferino (primer teclado), Ernesto Pérez (segundo teclado), Ricardo Eras (bajo) y Chuy Morales (percusiones).

En la etapa de proyecto, cuando se registran todos los planos de construcción, se hace lo que se llama “ingeniería de obra al detalle” que es básicamente la documentación precisa para fabricar la estructura de steel. Expertos coinciden que es clave tener definido antes de comenzar el 95% de la obra. El proceso de construcción en steel body implica varios pasos precisos, como la fabricación de paneles y retículas de acero en talleres especializados. García Guevara destacó la importancia de la etapa de diseño y cálculo estructural para garantizar la integridad y seguridad de la estructura.

Finalmente, en España, según Alto Directivo, el medio oficial de la Asociación española de Escuelas de Negocios, la participación de la mujer en la construcción corresponde al casi 9%. A partir del 2017 se han desarrollado diversos programas para elevar éste porcentaje como por ejemplo, Women Can Build. Mediante centros de capacitación, se forma y educa a far de personas con el objetivo de combatir los estereotipos de género y facilitar la integración de la mujer en la construcción. En Colombia, según la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la participación femenina en obra es del 5%. Aun así, posee el document latinoamericano en inclusión de mujeres al frente de camiones mezcladores/ mixers de concreto.

la optimización de procesos constructivos y el análisis de la jornada de trabajo, por medio de la toma de datos directamente desde terreno. Identificamos las causas de tiempo perdido en los procesos, detectando oportunidades de mejoramiento, lo cual sumado al benchmarking con proyectos similares y la aplicación de buenas prácticas, se traduce en un aumento de los beneficios operacionales de los proyectos. Asesoramos la conformación de diversos comités técnicos

La intoxicación (accidental o intencional), o sobredosis de drogas constituye una fuente significativa que agrega gran morbilidad y mortalidad, y costos de atención en salud a nivel mundial. Es indispensable que, como médicos generales y especialistas en urgencias, sepamos el manejo general e inicial de pacientes con sospecha de intoxicación o sobredosis de drogas. Para ello, los clínicos que se enfrentan a estos pacientes deben tener una aproximación sistemática y consistente para la evaluación y posterior manejo.

De acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, es lícito aumentar los precios de artículos que tienen mayor demanda –en este caso, el jabón, las mascarillas, los desinfectantes–, porque de esa manera se equilibra la oferta y, a la vez, eso permite una mayor ganancia. Cualquier intervención para evitar que quienes manejan la oferta se aprovechen de situaciones como esta, es ajena al sistema y, paradojalmente, se puede considerar como una violencia, porque impide que sus leyes operen. Dado que en este caso se trata de una economía a escala al menos nacional, una intervención efectiva solo puede venir de quien detenta el poder político del país, pues solo ella es capaz de disponer una fijación de precios que sea obligatoria para todos y no dependa del easy acuerdo entre particulares. Con todo, no se puede afirmar tajantemente que el virus mismo sea ni bueno ni malo. Hace lo que todo virus hace, se reproduce una vez que ha encontrado un ambiente propicio. Funciona con una lógica escalofriante en su indiferencia, tal como lo hace todo ser u organismo que actúa solo de acuerdo con lo que está determinado a hacer, si se dan las circunstancias.

En la EH se realiza una rectosigmoidectomía pulltrough abdominoperineal endoanal como técnica quirurgica. La cual se trata de un descenso del colon transverso, con disección pélvica extensa hasta el plano de los elevadores del ano.En algunos casos de EH la aganglionosis es de segmento ultra corto en el recto y la esfinteromiomectomía es suficiente para solucionar el problema y así evitar la progresión de la enfermedad. Esta consiste principalmente en una reseccion via endoanal de un segmento linear de 2 centímetros de ancho por eight a ten centímetros de largo de pared rectal, el que se extiende hacia cefálico desde 2 centímetros por sobre la línea pectínea. ComplicacionesLas dos principales complicaciones del megacolon corresponden al vólvulo de sigmoides y al fecaloma con grado variable de obstrucción intestinal. Su definición apareció en descripciones radiológicas en función del diámetro colónico observado en la radiografía easy plomeros argentinos de abdomen. Siendo megacolon derecho si es mayor de 12 cm o el del colon izquierdo de 8 cm.Se habla de megarrecto cuando el diámetro de la región rectosigmoidea es superior a 6,5 cm.

Su efecto adverso mas frecuente corresponde a la depresión respiratoria, que se potencia en combiancion de otros sedativos y raramente presenta hipotensión. Para su administración se sugiere iniciar con 0,5 a 1 mg/Kg ev, seguido de dosis de zero,5 mg/Kg cada 3 a 5 minutos hasta que los niveles de sedación propuestos se alcancen. Multiples estudios pediátricos destacan que la SAP es segura, debido a que no hay casos de fallecimientos por SAP reportados y pocas consecuencias severas. Sin embargo en los servicios de urgencia no ha sido práctico aplicar las precauciones de la ASA debido a que no es fácil obtener información respecto al ayuno en situaciones de urgencia, también porque no se pueden retrasar los procedimientos de urgencia y debido a la escasa evidencia que apoya estas recomendaciones. Antes de realizar la SAP, siempre debe considerarse que los beneficios superen los riesgos, lo cual depende tanto del perfil del paciente como del tipo de procedimiento. El paciente no puede ser fácilmente despertado pero responde al estímulo del dolor.

El ketofol corresponde a la combinación de ketamina y propofol, generando sinergia de sus efectos terapéuticos y permitiendo el uso de dosis mas bajas, disminuyendo asi el riesgo de reacciones adversas. Diversos estudios han demostrado que el ketofol tiene menos efectos adversos que el propofol, como la depresion respiratoria. Su efecto terapéutico consiste en ansiolisis y amnesia sin propiedades analgésicas. Puede combinarse con opioides de acción corta como el fentanyl para alcanzar niveles de sedación y analgesia más profunda.

En estos lugares hay casos de mesotelioma sin identificarse exposición laboral a asbesto. El tratamiento de estos paciente incluye el uso de atropina, glucagón, insulina, calcio IV y drogas vasoactivas. Estos fenómenos son característicos de la sobredosis por digitálicos, aunque pueden producirse con la ingesta de plantas que tienen alta concentración de sustancias con el mismo efecto (Lirio de los valles, Laurel en flor, Drimia marítima). Cuando se entiende la fisiología cardiovascular y como esta se altera por los distintos fármacos, pueden agruparse según su mecanismo fisiopatológico y con esto optimizar el proceso diagnóstico y terapéutico del paciente intoxicado. No se debe perder tiempo en solicitar múltiples exámenes de laboratorio, puesto que en muchos casos la mayoría de estos no serán de ayuda. En pacientes más ancianos, independentemente del fármaco utilizado siempre se debe iniciar con dosis menores, y administrar mas lentamente.

Albañiles, electricistas, gruistas, gasistas, plomeros, contratistas; pareciera que hay oficios monopolizados por el género masculino. Según una investigación de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se estima que, pozos alcantarillado en Argentina, el porcentaje de mujeres presentes en obra es menor al 5%. El porcentaje es desalentador, sin embargo, la organización presentó un proyecto en Viedma para promover la igualdad y participación de mujeres.

Los diputados del PRO encabezados por Federico Pinedo, se levantaron de sus bancas y dejaron sin quórum la sesión, la que debió ser postergada por quince días, tal como lo había requerido la bancada oficialista del FPV. Los únicos que lo rechazaron, cumpliendo la “obediencia debida” de estrictas órdenes superiores, fueron los integrantes de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) capitaneada por el diputado Agustín Rossi. Quien en forma previa a la sesión, intentó aplazar por dos semanas el tratamiento del proyecto, que solo consta de cuatro carillas, con el endeble argumento de que no habían tenido tiempo para analizar los cambios introducidos a última hora, con la anuencia del senador Filmus. Resumen Latinoamericano /PCT – La primera conclusión es que son los mismos que están detrás del petróleo de Malvinas con seis poderosos fondos de inversión estadounidense junto al banco inglés Barclays. Y a su vez tres de estas firmas son las principales accionistas de las empresas que actualmente están explorando en las islas. Es un extraordinario debate que apela a las «grandes ideas» fundacionales y al fallido «imperativo cosmopolita» al que alude el sociólogo Ulrich Beck desde su cátedra en Munich, pero que se estrella contra una realidad de furibundo pragmatismo.

De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público pozos alcantarillado consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.

Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.

Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En plomería diplosa nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.

Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La idea sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, and so forth.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.

Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar private. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal.

A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.

La combinación best es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo personal temporal.

Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar private. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, and so forth.).

Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de seventy two senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta 80 personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.

De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.

Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar private plomero trabajando. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal.

Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de 72 senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta 80 personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.

Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En precio de alcantarillas nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.

A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar private. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo private temporal.

Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La concept sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, etc.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.

Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.

Es cierto lo que cube Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar private. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, and so on.).

Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La idea sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, etc.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.

De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.

Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.

Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal plomero y gasista es lo mismo. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal.

Es cierto lo que cube Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar private. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, etc.).

A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.

Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.

Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de 72 senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta 80 personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 pozo de alcantarillado millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.

La combinación perfect es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo private temporal.

De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.

Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.

Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En plomero y gasista es lo mismo nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.

Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar private. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar private.

Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de 72 senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta eighty personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.

A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar private. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo private temporal.

Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal pozo de alcantarillado. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, and so on.).

Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La idea sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, and so on.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.

La combinación perfect es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva. En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de private. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar. Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar. Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar private plomero y gasista matriculado. La llegada del verano supone un incremento del turismo y, por lo tanto, también de la contratación de nuevo personal temporal.

Muchos españoles aprovechan este auge en el empleo para conseguir algo de dinero, pero en ocasiones terminan siendo estafados por falsas ofertas de trabajo. Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público.

Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro. El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral.

De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente. La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.

Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La thought sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, etc plomería diplosa.). El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento.

Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal. Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, etc.).

Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió. De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal.

Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido. El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de seventy two senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta 80 personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ eight millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado. Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.

A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó. En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron.